El oscuro manejo de activos venezolanos en el exterior: facturas millonarias y falta de control
Activos venezolanos en el exterior: misterio, opacidad y millones sin rendición de cuentas
Desde la desaparición del interinato en 2023, la gestión de los activos venezolanos fuera de fronteras ha sido un verdadero enredo. Sin transparencia ni controles claros, ha quedado a merced de grupos políticos y jurídicos que manejaron miles de millones sin justificar gastos ni resultados.
¿Qué pasó?
Tras la disolución de la Procuraduría Especial que coordinaba la defensa jurídica desde 2019, un Consejo de Administración y Protección de Activos (CAPA) tomó el relevo. Pero lejos de funcionar con supervisión, operó en un circuito cerrado con decisiones opacas y cuestionamientos sobre conflictos de interés.
Grupos vinculados a Juan Guaidó y Leopoldo López, sin cargos oficiales pero con enorme influencia, controlaron juntas ad hoc que administraban bienes estratégicos como Citgo, cuentas bancarias congeladas y el oro retenido en el Banco de Inglaterra. Sin auditorías públicas ni controles externos, autorizaron elevados pagos a bufetes internacionales y servicios de consultoría de dudoso perfil por millones de dólares.
¿Por qué esto importa?
Es una fractura grave en la defensa de recursos soberanos que representan decenas de miles de millones. El Estado venezolano perdió control institucional, y la administración de activos pasó a manos de un núcleo político-estratégico sin regulación ni responsabilidad pública. La falta de transparencias alimenta una suerte de privatización del control estatal, mientras litigios avanzan y la oposición se fragmenta.
La estrategia jurídica enfrentó resistencia interna. Cuando el CAPA buscó cambiar tácticas, las juntas ad hoc ignoraron las directrices, generando confusión crítica en tribunales como el de Delaware, que aprovechó para avanzar en la subasta de Citgo. La división interna debilitó la defensa del país en un momento clave.
¿Qué puede pasar ahora?
La administración paralela, con una agenda política propia, seguirá operando sin un sistema consolidado de rendición de cuentas. Mientras tanto, los activos venezolanos expuestos continúan siendo vulnerables ante acreedores sin alma y decisiones tomadas en la sombra.
Esto reclama un debate urgente sobre cómo recuperar control efectivo y transparente. Sin institucionalidad firme, Venezuela enfrenta no solo la pérdida patrimonial, sino también la erosión de la legitimidad para representarse en el plano internacional.
Conclusión
Lo que parecía una defensa legítima de activos públicos terminó en un esquema opaco y con altos costos. No estamos ante casos aislados, sino ante una normalización de la falta de control y la concentración política en terrenos estratégicos. La pregunta es clara: ¿quién vela realmente por el Estado y sus bienes cuando la operación se reduce a un grupo cerrado sin rendición de cuentas?