Un giro silencioso en la administración pública
La Asamblea Nacional aprobó, sin disidencias, una ley para agilizar trámites en las instituciones del Estado. Pero hay una clave que pocos resaltan: la norma entrega a la presidencia ejecutiva la capacidad de intervenir directamente en procesos administrativos, eliminando o modificando requisitos a discreción.
¿Qué pasó exactamente?
Impulsada por Delcy Rodríguez, la ley busca eliminar burocracia, digitalizar procesos y unificar procedimientos. Además, crea una comisión permanente con miembros del Ejecutivo, Legislativo, regiones y Defensoría del Pueblo para revisar y modificar trámites continuamente.
¿Por qué esto modifica el mapa institucional?
Este cambio no solo alivia los llamados “viacrucis” administrativos. Va más allá. Concentrar poder en la presidencia ejecutiva para ajustar trámites implica menor control y transparencia. Además, legitima una gestión institucional más centralizada, con menos espacio para fiscalizaciones independientes.
Lo que viene
En paralelo, la Asamblea avanza en reformar la Ley de Minas, buscando abrir más la puerta a inversión extranjera, un movimiento que ya cuenta con el respaldo público de autoridades de Estados Unidos. Si la eliminación de barreras administrativas se usa para facilitar negocios, ¿qué garantías tendrán los ciudadanos frente a esta rápida descentralización de controles?
Esto importa más de lo que parece. La rapidez y simplificación de trámites no son neutrales; reflejan una transformación institucional con potencial impacto en la legalidad y seguridad jurídica del país.