Cómo un experimento político controló $18.000 millones sin rendición de cuentas
El poder paralelo que manejó miles de millones sin supervisión
En 2015, la Asamblea Nacional venezolana —controlada por la oposición— decidió desconocer las elecciones presidenciales de 2018 y nombró a Juan Guaidó presidente encargado. Sin control territorial, pero con respaldo político internacional, tomó las riendas jurídicas y financieras de activos estatales en el extranjero por más de 18.000 millones de dólares.
La mano invisible desde Estados Unidos y Europa empezó a operar como si fuera el Estado venezolano legítimo, controlando empresas como Citgo Petroleum, reservas financieras y hasta 30 toneladas de oro en el Bank of England. Además, podía actuar en tribunales internacionales para proteger esos activos frente a acreedores.
Una legalidad política que colapsó en 2026
Este sistema no era jurídico sino político: su existencia dependía del reconocimiento de Estados Unidos y otros países al interinato de Guaidó. El equilibrio se rompió en marzo de 2026, cuando Washington notificó a sus tribunales que Delcy Rodríguez, representante del gobierno que controla Venezuela, debía ser reconocida como la autoridad para gestionar esos activos y litigios.
Con este cambio, desaparece la fachada que durante seis años permitió a un grupo político actuar en nombre del país sin control territorial ni rendición de cuentas. Se avecina un proceso de recuperación de autoridad que redefinirá quién realmente maneja el patrimonio venezolano en el exterior.
El manejo opaco de activos millonarios
- Citgo: Estado venezolano en EE.UU. con activos entre 10.000 y 13.000 millones, generando más de 5.000 millones en ganancias en cinco años.
- Monómeros: empresa petroquímica clave para el sector agrícola colombiano.
- Reservas financieras y oro: multimillonarios fondos bloqueados y administrados en bancos internacionales.
- Además, se movilizaron más de 350 millones para defensa legal sin transparencia.
Sin embargo, no hubo informes claros ni auditorías públicas que expliquen cómo se usaron esos recursos. La gestión fue concentrada, fragmentada y sin controles reales. Una estructura híbrida donde los intereses políticos y económicos se entrelazaban, fuera del alcance de los mecanismos institucionales clásicos.
La defensa legal: un gasto gigante sin justificación pública
Bufetes internacionales especializados, contratados para proteger esos activos, recibieron entre 200 y 350 millones de dólares. El objetivo: evitar que acreedores ejecutaran embargos o laudos contra Venezuela.
Pero la falta de transparencia y la dispersión de responsabilidades dañaron la capacidad de defensa. Documentos revelan conflictos internos, contratos cuestionables y decisiones tomadas sin supervisión ni criterios claros.
¿Quién responde por el dinero y las decisiones?
El interinato se esfumó en 2023; la estructura que se creó siguió operando en la sombra. Sin auditorías, sin contraloría y con ausencia de control parlamentario, un grupo cerrado manejó el patrimonio estatal sin rendición de cuentas reales.
Un testimonio señala que se contrataron abogados que previamente defendieron a acusados dentro de la propia industria petrolera, e incluso se pagó a esos abogados para litigar en favor de los mismos directivos involucrados en controversias internas.
El efecto: cientos de millones diluidos en honorarios y gastos legales, sin que el país pueda saber cómo ni por qué se gastaron esos fondos públicos.
¿Qué viene ahora?
Con el reconocimiento de Delcy Rodríguez en tribunales estadounidenses, el gobierno que ejerce control territorial recupera autoridad sobre los activos y litiga directamente. Esto abre la puerta a una revisión exhaustiva de cómo se administraron esos bienes y quién debe responder por la opacidad y descoordinación que marcaron el experimento político.
El escenario real es que miles de millones de dólares estuvieron en manos de un sistema político paralelo, sin control ni transparencia, poniendo en riesgo no solo el patrimonio financiero, sino también la credibilidad internacional de Venezuela.