Secuestro del sistema: Cómo la Fiscalía de Yaracuy usa la justicia para proteger fraudes
Un anciano arrastrado al calabozo político en Yaracuy
Rubén Antonio Garrido Salazar, 83 años y con un solo riñón, sigue encarcelado bajo arresto domiciliario por intentar recuperar un inmueble legítimamente comprado por su esposa.
El asunto debería resolverse en tribunales civiles, pero una campaña orquestada por allegadas engañadas ha convertido el proceso en una herramienta penal para proteger un fraude.
¿Qué pasó realmente?
Zaida Naím compró un apartamento con documentos civiles probados y autenticados. Sin embargo, su socia en el negocio –su propia comadre– y la nuera usan acusaciones penales falsas para evitar entregar la propiedad.
La Fiscalía de Yaracuy, lejos de garantizar la legalidad, facilitó una arbitrariedad: detuvo con exceso de recursos a un anciano enfermo y su hijo por una supuesta «invasión». Ignoraron pruebas cruciales que probaban la validez de la compra y la mala fe de la denuncia.
¿Por qué esto cambia el escenario?
Este no es un caso aislado. Atrapados fiscales con antecedentes de corrupción manipulan el proceso penal para proteger intereses privados. Se abandona la función del Ministerio Público como garante del interés general y vigilante de derechos constitucionales.
Se vulnera el principio de última ratio del derecho penal: transformar un conflicto civil en castigo penal arbitrario solo genera inseguridad jurídica y desprotección a ciudadanos inocentes.
Cada abuso así debilita la confianza en las instituciones y muestra cómo la justicia es mercancía en manos de grupos que buscan ventajas fuera de la ley.
¿Qué puede venir?
Si nadie frena este abuso, la puerta queda abierta a que cualquier conflicto civil sea convertido en un martirio penal. Esto no solo erosiona el Estado de derecho, sino que define un sistema donde la libertad depende de influencias y compadrazgos.
El fiscal general encargado, Larry Devoe, tiene ahora una única opción: intervenir con urgencia para devolver al Ministerio Público a su rol real. Lo contrario es avalar el uso del poder judicial para encubrir fraudes y castigar ilegalmente a víctimas.
¿Hasta cuándo seguiremos siendo espectadores de un sistema penal secuestrado?