Bukele rompe tabú: propone cadena perpetua para menores criminales en El Salvador
Bukele impulsa cadena perpetua para menores: un giro radical que pocos anticipaban
El gobierno de Nayib Bukele presentó una propuesta para imponer cadena perpetua a menores que cometan asesinatos o violaciones, incluso si no forman parte de pandillas. Esta reforma constitucional, que busca eliminar la actual prohibición de la pena de por vida para menores, se discute en un Congreso dominado por el oficialismo.
¿Qué se modificará?
- La pena máxima para menores pasa de 60 años a cadena perpetua.
- Se aplica a delitos graves como homicidio y violación sin importar si están vinculados a pandillas.
- Bukele alinea a El Salvador con países que ya aplican prisión vitalicia a adolescentes en casos extremos.
¿Por qué esto cambia el tablero?
Hasta ahora, la justicia juvenil en El Salvador protegía a menores con castigos limitados, sin embargo, esta reforma elimina esas barreras legales para castigar duramente a jóvenes que cometen delitos graves. La tesis oficial es clara: el sistema vigente favorece la reincidencia y perpetúa la violencia, convirtiendo a algunos menores en un «recurso barato e impune» para las pandillas.
El ministro de Defensa señala que los altos índices de homicidio tienen una base en la «permisividad» legal que hay que corregir. A pesar de que esta línea firme ha reducido los crímenes, también provoca fuertes críticas internacionales por su rigor y por tocar a menores de edad.
¿Qué viene ahora?
Con el Congreso controlado por Nuevas Ideas, la aprobación parece inminente. Esto consolidará un modelo de seguridad basado en la mano dura sin precedentes, que podría influir en las políticas de otros países de la región. Pero el verdadero interrogante es si esta medida confronta las causas de fondo o solo endurece castigos sin alternativas de reinserción para jóvenes en vulnerabilidad.
La controversia internacional y nacional no cesará, mientras la agenda oficial apuesta a que la falta de clemencia sea la solución definitiva contra la violencia juvenil. El dato duro: más de 3.000 menores ya han sido detenidos bajo régimen de excepción, mostrando que la línea divisoria entre seguridad y derechos es más que nunca un campo de batalla.