Ley de Amnistía en Venezuela: Más injusticia que solución real
La amnistía que debió sanar, divide y perpetúa injusticias
La Ley de Amnistía aprobada en Venezuela en febrero no es un avance, sino un documento que consagra desigualdad y arbitrariedad. El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, la define como una fuente de gran injusticia.
¿Qué pasó?
La ley fue diseñada para liberar presos políticos desde 1999, pero excluye violaciones a derechos políticos por decisiones de la Contraloría y a quienes fueron acusados falsamente por supuesta rebelión militar.
Tampoco contempla reparación moral ni económica para quienes sufrieron prisión injusta y confiscación de bienes, dejando a miles sin ninguna vía legal para resarcir daños ni recuperar patrimonio.
¿Por qué esto cambia el escenario?
Más que justicia, la ley intensifica la discordia social. Los jueces que aplican esta amnistía son los mismos que han permitido violaciones procesales a los solicitantes, reafirmando una administración arbitraria y sesgada del sistema legal.
Esto enciende una alerta: la justicia se usa como herramienta política, no como un mecanismo imparcial para restaurar derechos.
¿Qué viene ahora?
La negativa sistemática a conceder amnistía, denunciada por figuras clave de la oposición y víctimas directas, amenaza con intensificar la fractura social y política.
Además, la comunidad internacional debería aumentar la presión para que se garanticen procesos legales justos y no se permita que una ley que prometía liberar se convierta en otro mecanismo de exclusión.
El daño a instituciones, la inseguridad jurídica y la falta de reparación real afectan la estabilidad y credibilidad del sistema venezolano. Ignorar estos puntos es perpetuar un ciclo de injusticia.