Una amnistía selectiva que no busca reconciliar
Hace 32 años, Rafael Caldera liberó a Hugo Chávez tras su fallido golpe en 1992. Hoy, esa «puerta a la libertad» está cerrada para casi 200 militares presos bajo cargos políticos que la amnistía oficial no perdona.
En febrero pasado, Delcy Rodríguez anunció una ley de amnistía que excluye expresamente a quienes participaron en «acciones armadas o de fuerza» contra el régimen. Esto deja fuera a los involucrados en operaciones como Constitución, Gedeón, Sukhoi o el asalto al Fuerte Paramacay —casos recientes y emblemáticos de resistencia militar.
¿Qué significa esta exclusión?
Militares acusados de conspiración, terrorismo, rebelión y traición a la patria permanecen presos sin acceso a beneficio alguno, incluso cuando actuaron bajo argumentos políticos o de conciencia contra una crisis institucional profunda. Juan Carlos Caguaripano, líder del asalto al Fuerte Paramacay en 2017, es un claro ejemplo de esta contradicción.
Mientras Chávez fue indultado en 1994 con un discurso de reconciliación tras un golpe armado que causó víctimas y debilitó la democracia, hoy estos presos son condenados a largo plazo sin claridad sobre el fin de su encarcelamiento.
La parcialidad de una amnistía política
- Se anuncian excarcelaciones parciales, pero no amnistías plenas.
- Los procesos judiciales siguen abiertos y demorados.
- Se mantiene en prisión a militares sin pruebas contundentes o con cargos discutibles.
- Se ignora el sufrimiento de familias afectadas y la necesidad de estabilidad institucional real.
¿Qué puede venir después?
Esta exclusión marcada activa un escenario donde la «reconciliación» es solo apariencia. Persistirán las divisiones, la desconfianza institucional y la criminalización de la disidencia militar. Sin un cambio genuino en la aplicación de la ley, la inseguridad jurídica y política seguirá erosionando al país.
Una amnistía selectiva no resuelve crisis, solo prolonga conflictos con consecuencias en la estabilidad, la seguridad y los derechos fundamentales.