La Ley de Amnistía existe. Los jueces la ignoran.
Presos políticos en Venezuela siguen sin liberación pese a la aprobación legal que les protege. Esto no es solo un fallo jurídico: es un golpe a la institucionalidad.
Qué ocurrió
La ONG Foro Penal denuncia que jueces y fiscales están negando sistemáticamente amnistías a detenidos por razones políticas. Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, apunta directamente a una complicidad dentro del sistema judicial para mantener presos a quienes deberían quedar en libertad.
El caso del asesor jurídico Perkins Rocha lo confirma: detenido tras protestar por el supuesto fraude electoral, su solicitud de amnistía fue rechazada bajo argumentos legales que, según él, malinterpretan la ley.
Por qué esto altera el escenario
La Asamblea Nacional aprobó una Ley de Amnistía para tramitar la libertad plena de detenidos políticos y aun así, el Poder Judicial actúa como un poder paralelo, desafiando directamente las decisiones legislativas y violando derechos humanos esenciales, como el derecho a la defensa.
Además, la periodista Nakary Mena Ramos también enfrenta esta negación injustificada, tras ser encarcelada por informar sobre el aumento de la inseguridad en Caracas. Su caso evidencia que esta práctica afecta a actores clave que cuestionan la realidad bajo una agenda política que persiste en controlar el disenso.
Qué podría venir después
Si esta dinámica judicial no cambia, la crisis institucional seguirá profundizándose. La herramienta legal para proteger a los presos políticos queda vacía de contenido real, minando la confianza en el sistema y perpetuando un círculo de represión.
¿Hasta cuándo seguirá el Poder Judicial siendo instrumento para silenciar voces críticas bajo la apariencia de legalidad? Lo que está en juego no es solo un juicio, sino la legitimidad y el estado de derecho en Venezuela.