Excarcelaciones masivas, pero ¿qué pasa con los desaparecidos?
Venezuela liberó a más de 670 presos políticos en las últimas semanas. Sin embargo, decenas siguen desaparecidos, víctimas de detenciones sin registro ni explicación oficial.
La ley de amnistía no toca el problema real
La Ley de Amnistía, vigente desde el 18 de enero, ha facilitado excarcelaciones. Pero no aborda ni resuelve el destino de presos que nunca fueron oficialmente detenidos. Sus familiares siguen sin respuestas. Esta omisión revela una falla grave en la estructura legal y el control estatal sobre los cuerpos de seguridad.
Una herida abierta y sin reparación
Casos como los de Esneider y Elieser Vergel (desaparecidos desde 2015), Alcedo Mora, Hugo Marino y Víctor Quero, desaparecido en 2025, muestran que la problemática persiste.
Carmen Teresa Navas, madre de Víctor, lo define sin eufemismos: “Mi hijo es un preso político, detenido cerca de la Vicepresidencia, y nadie responde por él”. Ella, como otros familiares, ha recorrido todas las instituciones sin recibir información.
¿Dónde están? ¿Quién responde?
Las desapariciones forzadas ocurren sin registros, sin defensa legal y con autoridades que niegan cualquier conocimiento. Esta realidad desmonta la narrativa oficial del Estado y su política de libertades recientes.
La vigilancia familiar como último recurso
Aunque las excarcelaciones son un alivio, no saldan la deuda con estas víctimas invisibles. Familias mantienen vigilias ante centros de detención como la Zona 7, enfrentando presiones para dispersarse.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció recientemente intentos policiales para desmontar estos campamentos, actos que reflejan cuánto incomoda este reclamo legítimo.
Lo que viene: ¿más impunidad o control real?
Sin un registro transparente y acción concreta para esclarecer desapariciones, el escenario seguirá igual: presos políticos excarcelados para la foto, detenidos sin nombre ni derechos.
Venezuela enfrenta así una crisis de legalidad y seguridad que la agenda política no quiere reconocer. La pregunta sigue abierta: ¿quién responderá por los desaparecidos?