Menor de 16 años detenida en Venezuela: ¿castigo político disfrazado?
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) pidió la liberación inmediata de Samantha Sofía Hernández Castillo, adolescente venezolana encarcelada bajo un presunto castigo político que no se reconoce oficialmente.
Aunque se han registrado recientes excarcelaciones masivas en Venezuela, Samantha es la única menor aún privada de libertad, un hecho que rompe con la narrativa oficial de transición democrática y justicia transparente, según JEP.
¿Por qué este caso cambia el escenario?
Detenida el 19 de noviembre de 2025 tras un allanamiento en la casa de sus abuelos en Caracas, Samantha está recluida bajo sospechas derivadas de la actividad política de familiares directos: su hermano está en el exilio y otro familiar, preso. Esta detención representa un caso claro de «Sippenhaft» o castigo familiar, una práctica de presión política que va más allá de la legalidad.
Mientras la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática está vigente, esta adolescente sigue sometida a un encierro que viola normas internacionales sobre derechos de la infancia, en lugares donde se reportan patrones de tortura y violencia.
¿Qué viene después?
La liberación sin condiciones de Samantha debería ser el mínimo acto de justicia para que Venezuela avance en un proceso genuino de reconciliación. Mantenerla detenida es mantener intactas las estructuras represivas que el discurso oficial pretende ocultar.
Este caso no solo afecta a una joven, sino que expone la persistente vulneración de derechos y la utilización política del sistema judicial venezolano para intimidar a familias enteras.