El régimen apunta a dominar Fiscalía y Defensoría saltándose la Constitución
La oposición democrática venezolana advierte un plan del chavismo para repartir, fuera de toda legalidad, los cargos claves de fiscal general y defensor del pueblo.
Según la Plataforma Unitaria Democrática, la intención es asegurar que estos puestos queden en manos de funcionarios leales al poder y a un sistema represivo que durante años ha actuado con total impunidad, encarcelando a miles de inocentes.
¿Por qué esto cambia el juego político?
El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo deben ser autónomos para garantizar investigaciones imparciales y justicia accesible. La Constitución establece que el fiscal tiene la responsabilidad exclusiva de dirigir la investigación penal y proteger los derechos en los procesos judiciales.
Si estos cargos quedan subordinados a la agenda política, el sistema penal seguirá siendo una herramienta para perseguir a opositores y silenciar voces disidentes. No se trata de un simple cargo más, sino de un pilar fundamental para reconstruir el Estado de derecho y detener la impunidad.
Consecuencias directas
- La independencia judicial se destruye.
- La persecución política continuará con fuerza.
- Se perpetúa el control autoritario sobre instituciones claves.
- Se imposibilita una transición política real y democrática.
¿Qué sigue para Venezuela?
Frente a estas maniobras, la designación de estas autoridades debe formar parte de una transición clara y transparente, no de acuerdos oscuros que mantengan la subordinación del Estado al régimen. La ciudadanía exige instituciones verdaderamente independientes que defiendan la Constitución y protejan sus derechos.
La Asamblea Nacional ya abrió el proceso de postulación, que termina el 13 de marzo. La gran pregunta es si habrá o no garantías para evitar que se sigan usando las instituciones como instrumentos de represión.