Justicia o Arbitrariedad: La Verdad que No Te Cuentan Sobre Leyes y Persecución
¿Cuándo deja de ser ley una ley?
Gustav Radbruch, destacado penalista alemán, lo dijo claro en 1946: si una ley es tan injusta que viola los principios básicos de la justicia —al negar igualdad o imponer castigos desproporcionados— esa ley no es válida, sino pura arbitrariedad.
Esta idea, conocida como la cláusula Radbruch, permitió que tribunales alemanes post Segunda Guerra Mundial condenaran acciones que fueron legales en su momento pero que chocaban frontalmente con la justicia elemental.
La justicia frente al derecho arbitrario
El concepto es simple, pero potente: cuando el derecho positivo se convierte en un disfraz para la injusticia, la justicia debe prevalecer sobre él. No se trata de debatir interpretaciones, sino de reconocer que hay normas que, por abusivas y arbitrarias, no pueden aplicarse.
¿Qué sucede en Venezuela?
En nuestro país, legislaciones como la Ley contra la Delincuencia Organizada, la Ley Constitucional contra el Odio, la Ley Simón Bolívar y normas penales específicas se han convertido en herramientas para perseguir disidentes. Estas leyes, lejos de proteger la seguridad o la economía, están formuladas con total indefinición y flexibilidad para habilitar la arbitrariedad judicial.
El resultado es un derecho penal del disidente: no se juzga un hecho concreto, sino a las personas por lo que son, sin respetar el principio básico de culpabilidad reconocido mundialmente.
Consecuencias reales: Estado de inseguridad jurídica para la oposición
Estas leyes fragmentan el principio de libertad, que es regla en cualquier sistema justo y solo puede limitarse en estrictos casos excepcionales. En Venezuela, la libertad se ha vuelto excepcional para ciertos grupos políticos.
Tras el 3 de enero de 2026, se esperaba un giro. Sin embargo, la llamada Ley de Amnistía reprodujo el mismo patrón de vaguedad intencionada y exclusiones que perpetúan la persecución política, ignorando normas constitucionales claras.
¿Qué debería pasar?
- Los jueces deben dejar de aplicar leyes que violan la justicia y los principios constitucionales.
- La desaplicación relativa, una herramienta jurídica reconocida, debe usarse para enfrentar esta maquinaria legal arbitraria y preservar derechos fundamentales.
- Esto no es una cuestión política menor: es el choque entre un Estado que pretende controlar sin límites y el respeto a la legalidad y la justicia.
El problema está claro: leyes hechas para perseguir no pueden ser consideradas leyes en el sentido legítimo. La falta de acción judicial sólida solo profundiza la crisis institucional y de seguridad jurídica en Venezuela.
¿Hasta cuándo permitiremos que la justicia sea rehén de una agenda política disfrazada de legalidad?