Nombramientos vitales bajo sospecha
Enrique Márquez, figura opositora y ex preso político, prende las alarmas sobre la designación del fiscal general y defensor del pueblo tras las recientes renuncias. Esta crisis institucional no es un simple trámite: es el futuro del Estado de Derecho en Venezuela.
¿Qué está pasando?
Con los cargos vacantes luego de la salida de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, la Asamblea Nacional se apresura para cubrir estos puestos críticos. Márquez denuncia que estas decisiones, lejos de ser limpias, pueden caer en atajos legales y cuotas partidistas.
Por qué esto importa
Fiscal y defensor no pueden ser piezas de una agenda política. Son las instituciones que deben garantizar justicia, legalidad y derechos, no simples instrumentos del poder. Nombramientos apresurados y carentes de transparencia profundizan la crisis institucional y la desconfianza ciudadana.
¿Qué puede venir?
Si se repite el patrón de designaciones sin escrutinio público ni rigor constitucional, Venezuela se aleja de cualquier posibilidad real de estabilidad y reinstitucionalización. Márquez exige a la Asamblea cumplir estrictamente con la Constitución y permitir la participación ciudadana contra imposiciones.
Este es un llamado urgente: solo un proceso legítimo y transparente puede reconstruir la paz social y devolver credibilidad a un sistema hoy en ruinas.