Tribunal federal acelera demanda millonaria contra CITGO por corrupción y abuso de derechos
Tribunal federal toma control directo del caso multimillonario contra CITGO
Un tribunal de Estados Unidos designó a una jueza magistrada para supervisar el avance de una demanda que acusa a CITGO y PDVSA de operar como una red criminal transnacional.
Qué ocurrió
La jueza Jennifer L. Hall ordenó la transferencia de un litigio clave en Delaware contra CITGO Holding, Inc., que involucra presuntas violaciones a la Ley RICO y derechos humanos, hacia la jueza magistrada Laura D. Hatcher, encargada de gestionar todas las etapas previas al juicio, incluida la decisión sobre mociones que pueden definir el destino del caso.
Los demandantes, una coalición de ex trabajadores, sindicalistas y periodistas venezolanos en el exilio, acusan a CITGO y a PDVSA de desfalco, lavado de dinero y manipulación de testigos, señalando cómo fondos de pensiones fueron desviados para influir políticamente en Estados Unidos, con contratos millonarios como el de $50 millones con el excongresista David Rivera.
Por qué esto cambia el escenario
Este paso judicial elimina barreras procesales que hasta ahora favorecían a la junta ad hoc de PDVSA y a sus ejecutivos, incluidos Horacio Medina, que habían intentado bloquear la demanda alegando insolvencia financiera mientras valoran CITGO en $40.000 millones en otros procesos.
Ahora, en la fase de discovery controlada por la magistrada Hatcher, CITGO y PDVSA podrían verse obligadas a revelar documentos internos, exponiendo conexiones financieras con organizaciones estadounidenses como la Fundación Simón Bolívar y detalles sobre una filtración ilegal de identidades de demandantes destinada a intimidarlos.
Qué podría venir después
- Investigación en profundidad sobre el financiamiento y manejo de recursos de PDVSA y CITGO.
- Rendición de cuentas exigida en tribunales para altos directivos que hasta ahora operaban con escasa transparencia.
- Potencial impacto económico y reputacional para CITGO, con consecuencias para la industria petrolera vinculada al régimen venezolano.
- Una nueva etapa en la lucha legal de exiliados y trabajadores contra la corrupción y violaciones que han ignorado las instituciones durante años.
Como afirma Jorge Alejandro Rodríguez, uno de los demandantes: «Esta orden pone fin a los intentos de silenciar y enterrar el caso. La transparencia y el escrutinio judicial serán inevitables».