¿Por qué la transparencia en la elección de fiscales y defensores importa más de lo que dicen?
La Asamblea Nacional decidió extender hasta el viernes el plazo para recibir postulaciones a fiscal general y defensor del pueblo. Un aplazamiento que pone en jaque el límite constitucional de 30 días para nombrar estas autoridades vitales.
Este proceso arrancó tras las sorpresivas renuncias de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, figuras clave que abandonaron sus cargos en medio de una ley de amnistía que solo afecta 13 episodios en más de dos décadas. Saab asumió temporalmente como defensor del pueblo; un doble movimiento que incrementa la incertidumbre sobre la independencia de estas instituciones.
¿Qué revela esta prórroga aprobada por el Parlamento?
- La falta de un calendario claro para evaluar candidatos.
- Ausencia de reglas transparentes en la selección.
- Incertidumbre sobre plazos para objeciones públicas, una pieza clave para controlar posibles influencias políticas.
Acceso a la Justicia advierte que sin claridad, este proceso puede minar la confianza en el llamado Poder Ciudadano, formado por Fiscalía, Defensoría y Contraloría, piezas fundamentales para la legalidad en Venezuela.
Mientras tanto, sectores académicos como la Universidad Católica Andrés Bello ya presentan candidatos, un despliegue que podría definirse más por afinidades políticas que por independencia judicial.
¿Qué viene ahora?
Si sigue la falta de transparencia, el riesgo es consolidar una Fiscalía y Defensoría al servicio de agendas políticas, debilitando el equilibrio institucional y la seguridad jurídica. El calendario extendido podría significar que estas decisiones ya no respondan a la Constitución, abriendo la puerta a un control más concentrado y menos transparente.
Este tema debe preocupar: la verdadera independencia no puede esperar ni diluirse en dilaciones.