La amnistía selectiva que mantiene a Venezuela en jaque político
Amnistía en Venezuela: ¿avance o maquillaje político?
El 19 de febrero de 2026, Venezuela sancionó la controvertida Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. En plena presión internacional y tras la captura del expresidente Maduro, la norma promete una transición y reconciliación. Pero la realidad es otra.
¿Qué ocurrió realmente?
– La ley libera a cientos de presos políticos, generando un impacto inmediato y visible.
– Sin embargo, excluye intencionadamente a militares y opositores acusados por delitos políticos bajo criterios subjetivos.
– Mantiene un sistema judicial controlado políticamente, sin reformas ni independencia real.
Por qué esto cambia el escenario político
La norma no es un avance hacia la democratización, sino una herramienta para preservar el control y monopolio del castigo estatal. Mientras se predica reconciliación, se condena a sectores claves bajo argumentos como vínculos con fuerzas externas o delitos militares.
- Alrededor de 200 militares siguen presos por rebelión — un segmento fundamental para el poder actual.
- Líderes opositores como María Corina Machado quedan fuera, señalados por supuestas conspiraciones con potencias extranjeras.
- Delitos graves, incluso cuestionados judicialmente, excluyen de la amnistía a presos políticos con procesos cuestionables.
¿Qué podría venir después?
La amnistía parece un simple realineamiento político para negociar la presión internacional, no un cambio estructural:
- La justicia seguirá en manos de los mismos actores que reprimieron la disidencia.
- La política de encarcelamiento y liberación será usada como herramienta de control, no de justicia.
- La transición será incompleta y condicionada, con persecuciones selectivas y sin mecanismos reales de reparación o verdad.
¿Una ley para la convivencia o para perpetuar el poder?
La Ley de Amnistía del 2026 libera a cientos y genera esperanza, pero excluye por razones políticas a muchos abocados a la reclusión. No incluye reformas judiciales ni mecanismos de justicia real, y utiliza una interpretación política para mantener presos a quienes no encajan en el relato oficial.
El poder vuelve a demostrar que en Venezuela, la libertad no es un derecho ciudadano, sino una concesión política controlada. Hasta que el sistema judicial recupere independencia, esta “amnistía” será solo una fachada que ensancha la división y prolonga la crisis.