Justicia en Venezuela: ¿libertad o extorsión?
Familiares de presos políticos revelan un esquema oculto en los tribunales venezolanos. Para recibir la notificación oficial que garantiza la libertad plena gracias a la amnistía aprobada por el parlamento chavista, deben pagar en dólares o entregar materiales escolares.
Lo que está pasando realmente
El Parlamento, controlado por el chavismo, dio luz verde en febrero a una ley que promete liberar presos políticos desde 1999 hasta 2026, aunque con condiciones y exclusiones. Sin embargo, los tribunales primero, segundo y tercero que juzgan casos relacionados con terrorismo exigen resmas de papel, cajas de bolígrafos y pagos en efectivo para entregar las notificaciones legales. Esto impide a las familias acceder a un documento fundamental para borrar antecedentes y registros asociados.
¿Qué revela esta práctica?
La justicia, que constitucionalmente debe ser gratuita y accesible, se ha convertido en un mecanismo de cobro arbitrario dentro de un proceso clave para aliviar las prisiones políticas. Esto no solo retrasa la liberación efectiva, sino que pone en evidencia la crisis institucional y la falta de voluntad para cumplir con la ley.
¿Qué sigue?
- La Comisión de Seguimiento de la Asamblea Nacional y entes del gobierno están llamados a investigar y frenar estas irregularidades.
- Aunque miles han sido liberados, cientos siguen presos bajo condiciones cuestionables y tras procesos lentos.
- La situación evidencia que la llamada «amnistía» es una medida incompleta que no termina con el problema estructural de la justicia y la represión en Venezuela.
¿Cuánto tiempo se sostendrá esta doble realidad donde la libertad se negocia y los derechos se venden?