6.000 personas liberadas sin filtros reales
La Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía ha otorgado libertad plena a 6.071 personas, una cifra que plantea cuestionamientos sobre las consecuencias para el orden público y la confianza en las instituciones. La medida incluye la extinción de causas para miles que estaban bajo medidas cautelares y la excarcelación de 245 privados de libertad.
Un sistema permeable a la impunidad
Entre los liberados están 31 efectivos militares relacionados con conflictos políticos, un claro indicio de que esta ley puede abrir espacios peligrosos en la seguridad nacional. Mientras se promueve una narrativa de reconciliación, la realidad concreta es que se están eliminando salvaguardas judiciales fundamentales.
¿Quién controla la selección y los límites?
La Comisión ha recibido 9.419 solicitudes, pero admiten la necesidad de depurar casos duplicados y excluir delitos graves como corrupción y violencia que no aplican bajo la ley. Sin embargo, esta selección depende de la misma estructura política y judicial cuestionada por su falta de imparcialidad.
Consecuencias que nadie aclara
El discurso oficial intenta calmar con la promesa de que quienes cometan nuevos delitos serán procesados, pero liberar miles de casos sin otra garantía aparente es un golpe a la percepción de justicia y un riesgo para la estabilidad social.
Este paso pone sobre la mesa una pregunta crucial: ¿estamos ante un verdadero avance hacia la convivencia, o es el inicio de una erosión legal que terminará perjudicando a la ciudadanía? El escenario político se va a definir por cómo respondan las instituciones ante esta apertura que no tiene vuelta atrás.