40 años desde la protesta que mostró el verdadero rostro del poder
40 años de una protesta que no te contaron igual
El 26 de febrero de 1986, jóvenes de la Democracia Cristiana organizaron una protesta pacífica en la Plaza Caracas para denunciar un acuerdo que hipotecaba la economía nacional: la refinanciación de la deuda externa. El riesgo era claro, afectaría las finanzas públicas y elevaría la inflación.
Alrededor de 500 estudiantes se movilizaron, equipados sólo con megáfonos y comunicados, para hacer escuchar su rechazo. Pero lo que debía ser una manifestación pacífica fue brutalmente disuelta.
La represión que evidenció el uso político de la fuerza
La Policía Metropolitana llegó en masa y atacó con gases, perdigones y golpes. Cinco jóvenes resultaron heridos, 23 fueron detenidos y el despliegue culminó con un helicóptero aterrizando en medio de la plaza, simbolizando la presión desproporcionada del Estado contra quienes ejercían un derecho democrático.
Esta no fue una acción aislada sino una señal clara: el poder no tolera cuestionamientos que afectan intereses de Estado, especialmente cuando implican costos económicos reales para la nación.
¿Qué cambió desde entonces?
- En aquella época, la protesta fue ilegalmente reprimida, pero la detención fue administrativa, temporal y con seguimiento parlamentario.
- Los opositores pudieron exigir explicaciones en el Congreso y lograron la liberación rápida de los detenidos.
- Existía, aunque limitada, una contraloría institucional para controlar abusos.
Hoy, esa línea se rompió. Las fuerzas policiales operan con impunidad, violando derechos humanos, protegidos por una cúpula que premia la arbitrariedad y reprime sistemáticamente disidencias, sin rendir cuentas ni en el Parlamento ni en ningún otro foro.
¿Qué sigue para quienes reclaman hoy?
La historia muestra que el terreno se endureció. Donde antes hubo respuestas institucionales y liberaciones, ahora hay silencio oficial y represión constante. No es solo una cuestión de violencia, es un cambio estructural en la manera en que el poder administra la protesta social y el disenso, especialmente cuando estos cuestionan la legitimidad económica y política.
Este relato no es nostalgia sino advertencia. El derecho a protestar puede costar caro, pero la verdadera pregunta es: ¿qué precio está dispuesto a pagar un país cuando sus instituciones permiten que la represión se normalice y silencie la crítica ciudadana?