Un político admite lo que pocos reconocen: la Ley contra el Odio se aplicó con excesos.
Jorge Arreaza, diputado a la Asamblea Nacional, confirmó que la norma que debería proteger a los ciudadanos se usó de manera errática, derivando en abusos reales.
Durante una entrevista en Abriendo Puertas, Arreaza señaló que, aunque en casos claros la ley se aplicó correctamente —como cuando se incitó a agredir personas publicando sus direcciones—, hubo otros donde la aplicación fue arbitraria y desproporcionada.
¿Qué cambió esto? Esta admisión desdibuja la narrativa oficial que vende la ley como infalible y señala un problema serio: normas con exceso de discrecionalidad pueden volverse herramientas para la persecución política y la violación de derechos.
El siguiente paso es urgente: reglamentar con precisión la ley para evitar que personas sean sancionadas por motivos dudosos o arbitrarios, algo que hoy amenaza la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones.