Un golpe bajo a la justicia en franca aceleración
En apenas 20 días, la Asamblea Nacional aprobó una Ley de Amnistía cuyo verdadero objetivo es limpiar historiales y garantizar impunidad política.
Promulgada horas después por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la ley busca no solo la «convivencia democrática» sino activar el retorno a la política de quienes quebrantaron la ley entre 2002 y 2025.
Legalizar la reincidencia disfrazada de reconciliación
La ley pretende «promover la reintegración» de involucrados en golpes de Estado, violencia política y actos de rebelión, excluyendo solo a quienes cometieron delitos de rebelión militar. ¿El resultado? Un pacto implícito que premia acciones ilegales contra el Estado y abre una puerta peligrosa para la repetición de estos actos.
Entre los beneficiados se incluyen desde opositores involucrados en el golpe fallido de 2002, hasta los diputados opositores que promovieron el Estatuto de Transición y que legitimaron la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino.
El supuesto pluralismo político que desarma la legalidad
El discurso oficial habla de pluralismo y convivencia, pero en los hechos esta ley desdibuja las líneas entre legalidad y anarquía política. Al llamar a no imponer «venganza» ni «revancha», se olvida que la justicia exige responsabilidad y no olvido.
El artículo 7 impone la obligación de «ponerse a derecho» antes de acogerse a la amnistía, pero flexibilizarlo para quienes estén fuera del país e imponer su comparecencia posterior es un signo de que la ley se construyó para acomodar intereses específicos, no para restablecer el orden.
Lo que viene: un Estado más débil y dividido
Con esta ley en vigor, se abre la posibilidad de que quienes violaron la ley durante décadas ingresen al juego político sin reparar consecuencias. El riesgo es un aumento de la polarización, una institucionalidad más frágil y un mensaje claro: quebrantar la ley tiene premio.
Más de 3.200 personas ya han sido liberadas apenas cinco días después de su promulgación. La pregunta es: ¿Cuánto tiempo más estará la seguridad jurídica y la institucionalidad al servicio de la convivencia democrática, y cuánto tiempo más se tolerará un sistema donde la impunidad es la nueva regla?