Renuncias en la cima del sistema judicial venezolano
Tarek William Saab y Alfredo Ruiz dejaron sus cargos como fiscal general y defensor del pueblo, respectivamente. Quince organizaciones civiles lanzan una alerta: esto no es solo un cambio de nombres.
¿Por qué esto importa?
Durante sus gestiones, documentaron ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y persecución política sin respuestas efectivas. No hay investigaciones estructurales serias; la justicia mostró omisión deliberada ante violaciones graves.
La Defensoría del Pueblo minimizó denuncias y actuó con inacción sistemática, dañando su credibilidad internacional. La designación temporal de Larry Devoe y la permanencia de Saab como defensor «encargado» vulneran las normativas institucionales.
Lo que viene no es un simple cambio
- Exigen procesos de selección transparentes y verificables
- Demandan criterios mínimos de independencia e idoneidad
- Impulsan reformas institucionales inmediatas
- Insisten en rendición de cuentas para evitar la repetición de abusos
Este momento desafía al Estado: avanzar hacia una justicia independiente o perpetuar un modelo que ha debilitado la protección de los derechos fundamentales.
La justicia no es concesión ni opción política. Es una obligación constitucional. Ignorar eso prolongará la crisis institucional y aumentará la desconfianza interna y externa.