Nombran a Tarek William Saab defensor del pueblo y estalla la polémica
Henrique Capriles lo definió en dos palabras: una burla a las víctimas. Quien fuera fiscal general, ahora asume de forma temporal como defensor del pueblo, pese a su historial claro de persecución política y judicialización selectiva.
¿Qué pasa?
Saab, hasta hoy fiscal general y acusado directamente por Capriles de dirigir la persecución en Venezuela, fue juramentado esta semana por la Asamblea Nacional como defensor del pueblo encargado.
En paralelo, Alfredo Ruiz renunció a ese cargo, y Larry Devoe asumió como fiscal general encargado. Ambos funcionarios habían sido ratificados para un período hasta 2031, pero renunciaron al mismo tiempo que se abre un proceso de selección para esos puestos.
¿Por qué esto cambia todo?
Poner a Saab, cercano al partido de gobierno y con un pasado ligado a la Asamblea Nacional Constituyente – un organismo cuestionado – al frente de una institución clave para proteger a los ciudadanos va en contra del principio básico de independencia institucional.
Capriles lo señala con claridad: Venezuela necesita fiscales y defensores independientes, no piezas movidas por agendas políticas.
Este movimiento se produce justo ahora, en medio de un proceso parlamentario de amnistía «limitado» que busca liberar presos políticos, aunque con condiciones que dejan fuera a muchos casos.
¿Qué sigue?
Con una defensoría manejada por un hombre vinculado al oficialismo, ¿quién realmente velará por los derechos de los detenidos y víctimas en Venezuela? Los grupos políticos que empujan esta agenda mantienen el control con decisiones que profundizan la crisis institucional y erosiona la confianza.
La respuesta oficial, con la petición de revisión «expedita» desde el Ejecutivo, es solo una fachada para ganar tiempo mientras las estructuras clave permanecen bajo dominio político.
Lo que ocurre no es solo un cambio de cargos: es una señal clara de hacia dónde se dirige la protección de derechos y la justicia en Venezuela. La pregunta es si la comunidad y los ciudadanos están dispuestos a aceptarlo sin cuestionarlo.