Arco Minero cumple 10 años: ¿a qué costo?
El 24 de febrero de 2016, el gobierno venezolano instauró el Arco Minero del Orinoco, una extensión de más de 111 mil km² que prometía crecimiento económico. La realidad: devastación ambiental y un atentado contra los derechos indígenas.
Más minería, menos control y mucha violencia
El decreto N.º 2.248 se aprobó sin consulta previa ni estudios ambientales ni socioculturales —una violación directa a derechos indígenas fundamentales. La zona abarca parques nacionales y reservas vitales, hogar de múltiples pueblos originarios que hoy sufren el avance del extractivismo.
La expansión fue mucho más allá del decreto inicial, alcanzando incluso el estado Amazonas. Se ha convertido en un corazón de conflicto: militares y grupos armados ilegales (ELN y disidencias FARC) luchan por el control de economías ilícitas, con un saldo de desplazamientos, asesinatos y amenazas constantes.
Daños irreversibles y crisis sanitaria
La explosión minera ha generado deforestación masiva y contaminación por mercurio en ríos y suelos, poniendo en riesgo la Amazonía, pilar de la regulación climática global. Mientras tanto, en el municipio Autana, solo 3 de 12 centros de salud funcionan plenamente, con personal migrando a la minería ilegal por salarios bajos.
La malaria y tuberculosis son las principales causas de muerte indígena. Más de 390 yanomami murieron en los últimos años, principalmente por malaria. Además, el mercurio contamina con malformaciones, y aumentan mortalidades materna e infantil.
Lo que viene: más extracción, mismo desastre
En 2025, la llamada presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció un récord de 9,5 toneladas de oro y un Plan de Expansión Minera hasta 2026. La apuesta oficial es clara: más minería, sin garantías para las comunidades ni el ambiente. La institucionalidad ambiental está quebrada, y los pueblos indígenas, en peligro.
¿Quién realmente gana con este modelo extractivo que sacrifica los recursos estratégicos y la seguridad de la nación?