EE.UU. inspecciona Maiquetía: ¿seguridad o estrategia política?
Una delegación de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de Estados Unidos está examinando el aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía. La inspección se publica como un acto técnico en materia de seguridad aérea.
La periodista Ginette González confirmó que la misión ya está en marcha. Según el especialista aeronáutico Juan Texeira Díaz, la revisión apunta al cumplimiento del Anexo 17 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que busca evitar actos ilícitos contra la aviación civil.
¿Qué significa esta visita realmente?
La presencia de la TSA no cambia la categoría de seguridad aérea que EEUU otorga a Venezuela ni abre automáticamente nuevas rutas bajo la categoría 1, indispensable para que las aerolíneas venezolanas operen libremente en suelo estadounidense.
Para recuperar esa categoría, el Departamento de Transporte y la Administración Federal de Aviación (FAA) deben hacer otra evaluación, centrada en seguridad operacional, no en medidas anticrimen que inspecciona la TSA.
¿Dónde está el verdadero problema?
La inspección de la TSA cumple formalmente con el Anexo 17, pero no aborda la cuestión operativa más profunda que mantiene a Venezuela en una categoría limitada. Además, la FAA degradó la seguridad aérea venezolana sin inspección directa, una medida que no se sustentó en aspectos técnicos sino políticos.
Finalmente, según Texeira, la normativa internacional exige reciprocidad en inspecciones de este tipo. Sin embargo, Estados Unidos impone controles unilaterales sin permitir que Venezuela supervise sus propios sistemas aeroportuarios.
¿Qué puede venir después?
Este movimiento de Estados Unidos parece más un acto de presión política que una garantía de mejora real en la seguridad y las operaciones. La recuperación completa de la categoría 1 requerirá evaluaciones independientes y cambios profundos en la gestión operacional y de seguridad, condiciones que no se cumplen automáticamente con visitas puntuales.
Lo que se presenta como progreso puede ser sólo un capítulo más en la agenda política que limita la conectividad aérea venezolana con Estados Unidos.