El Salvador entra en su cuarto año bajo estado de excepción: ¿a qué precio?
Cuatro años seguidos bajo estado de excepción en El Salvador
La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga número 48 al régimen de excepción impuesto por Nayib Bukele desde marzo de 2022. Más de 91.300 personas han sido detenidas, y la medida sigue vigente hasta al menos marzo de 2026.
¿Qué pasó realmente?
Con 57 de 60 votos, el Congreso avaló esta extensión sin debate previo. Los argumentos oficiales señalan un descenso récord de homicidios y la captura de líderes criminales. Pero las libertades básicas —como la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a defensa— quedan suspendidas.
¿Por qué esto cambia todo?
Este régimen excepcional nació tras una ola de violencia masiva, pero se ha convertido en la única política estatal contra las pandillas, profundizando un control militar extendido sin límites claros.
Las denuncias de violaciones a derechos humanos superan las 6.400, con 480 personas muertas bajo custodia, la mayoría con signos de tortura. Este nivel de represión sienta un precedente peligroso para la democracia y la legalidad.
¿Qué sigue?
El gobierno justifica la continuidad con el argumento de evitar reordenamientos criminales. Pero ¿a qué costo para las instituciones y la justicia? Mantener la seguridad a base de suspender garantías fundamentales abre la puerta a abusos y siembra un conflicto político y social que puede escalar muy pronto.