Ley de Amnistía en Venezuela: El olvido que sigue dejando presos políticos afuera
El olvido parcial que no cierra el ciclo político en Venezuela
La reciente Ley de Amnistía venezolana no es solo un acto jurídico: es una decisión política con peso. Sin embargo, el artículo 9 marca una línea peligrosa: excluye a quienes hayan tenido roles, incluso políticos, en acciones contra la soberanía. Esa exclusión desvirtúa la función de la amnistía y abre la puerta a nuevas persecuciones judiciales disfrazadas de legalidad.
Una amnistía que excluye voces de un conflicto real
Que no haya dudas. En Venezuela, hubo una etapa de radicalización extrema, donde opiniones y posiciones fueron expresiones legítimas de un problema institucional profundo. Ignorar ese contexto y dejar fuera a quienes sostuvieron ciertas posturas es un filtro penal que contradice el propósito de cerrar un ciclo.
El gobierno mismo ha tenido acercamientos con autoridades extranjeras de alto nivel, lo que muestra un camino pragmático en lo diplomático. Pero internamente, sigue dejando abiertas las puertas para la persecución por discrepancias políticas. ¿Dónde queda entonces la coherencia entre lo interno y lo externo?
El ejemplo español y la necesidad de inclusión
La experiencia de la Ley de Amnistía española de 1977 revela la verdadera función del olvido jurídico: no para negar la memoria, sino para garantizar la convivencia. Solo una amnistía amplia y sin exclusiones logra cerrar un ciclo. La parcialidad convierte la ley en un mecanismo para administrar el conflicto, no para superarlo.
La ley incompleta y las leyes vigentes que criminalizan la disidencia
El problema no termina en el artículo 9. Existen en Venezuela leyes que siguen siendo herramienta para criminalizar opiniones políticas, como los cargos por traición y las normas contra el terrorismo y el llamado “odio”. Si se pretende una reconciliación real, estas leyes deben ser derogadas.
Además, sigue habiendo un grupo importante de militares y civiles ligados a ellos que quedan fuera del beneficio amnistioso, al igual que los miles con medidas sustitutivas. Esto confirma que el encarcelamiento político fue una práctica sistemática.
Supervisión política en lugar de justicia independiente
La creación de una Comisión Especial para supervisar la ley revela que la amnistía llegó incompleta y bajo control político directo. En un Estado democrático, la extensión de estos beneficios debería depender de jueces independientes y no de órganos con capacidad discrecional que pueden profundizar exclusiones.
Para ganar legitimidad, esta comisión debería sumar a representantes independientes de la sociedad civil. Sin equilibrio y pluralidad, todo será visto como una imposición más y no un proceso de reconciliación genuino.
¿Qué viene después?
Mientras las exclusiones perduren, el cierre será solo formal. La crisis y el conflicto continuarán en otros ámbitos porque no hubo un verdadero olvido jurídico ni un acuerdo político genuino. La memoria no se niega con exclusiones selectivas: se ordena, para que la estabilidad pueda emerger.
El verdadero futuro requiere menos discursos y más decisiones que garanticen el ejercicio de derechos sin miedo a la persecución.