La ley de amnistía revela quiénes son los verdaderos saboteadores en Venezuela
¿Quién sabotea realmente a Venezuela?
La Ley de Amnistía aprobada no es un acto de justicia ni reconciliación. Fue creada por una Asamblea Nacional ilegítima y firmada por un Ejecutivo usurpado. Es ilegal, discriminatoria y venganza disfrazada de perdón. Exige que personas inocentes acepten delitos que no cometieron, mientras deja impunes a quienes verdaderamente arruinaron el país.
La mancha falsa contra los petroleros
El régimen y sus voceros políticos culpan a los trabajadores petroleros despedidos entre 2002 y 2003 por incendios, explosiones, pérdidas humanas y caos operativo. Niegan que la verdadera causa fue la expulsión ilegal de cerca de 23.000 trabajadores especializados, la entrada de personal sin experiencia por razones políticas, la falta de mantenimiento e inversión.
Los accidentes fatales en el Centro de Refinación de Paraguaná, con 80 incidentes graves y más de 60 muertes entre 2003 y 2012, fueron reconocidos por los propios dirigentes como resultado de recortes presupuestarios, desprecio a la planificación y a la seguridad. La versión oficial de sabotaje es una cortina de humo para ocultar la corrupción y el abandono.
El accidente de Amuay: ¿falla humana o criminalización?
La tragedia de 2012 en Amuay dejó 42 muertos y cientos de heridos. Hubo tiempo para evacuar pero nadie actuó. El régimen primero negó problemas, luego inventó sabotajes para trasladar culpas a presuntos enemigos internos. Investigaciones independientes demostraron que fue una falla mecánica, no un acto intencional.
¿Quiénes destruyeron el país?
Los verdaderos saboteadores son los mismos que hoy gobiernan: Chávez, Maduro, Delcy Rodríguez y sus equipos. Su corrupción, ineptitud y control político devastaron la educación, salud, economía e infraestructura. La Ley protege a estos responsables y culpa a las víctimas: trabajadores y empresarios que nunca fueron saboteadores.
¿Qué viene ahora?
Este atropello jurídico y político impide una verdadera reconciliación y reparación. El Estado tendrá que reconocer tarde o temprano los derechos laborales y humanos violados a los petroleros y demás afectados. La justicia no llegará con leyes hechas para proteger a los culpables y criminalizar inocentes.
Mientras tanto, otras señales de colapso
- Violaciones y saqueos continúan, como el caso denunciado por Magalli Meda en Caracas.
- Acoso a venezolanos en el exterior, como la joven desnudada y extorsionada por oficiales en aeropuerto de Caracas.
- La pérdida de líderes y compañeros comprometidos en defensa de justicia y democracia.
No hay paz ni legalidad hasta que el régimen asuma sus responsabilidades. No más prisioneros políticos ni exiliados por defender la verdad.