¿Por qué la ley de amnistía no es suficiente y qué nos ocultan?
La ley de amnistía impulsada por el gobierno tiene más limitaciones de las que dicen. No basta para reconstruir la sociedad y, aún peor, genera confusión en unos tribunales que deberían ser garantía, no obstáculo.
Alonso Medina Roa, director de la Coalición por los Derechos Humanos, reconoce avances en liberaciones de presos políticos, pero admite que el proceso es lento y arbitrario. Muchos liberados todavía afrontan medidas cautelares, y las cortes no saben cómo aplicar la norma correctamente.
El detalle que cambia el tablero
- La ley excluye delitos graves como corrupción y lesa humanidad, pero deja dudas sobre casos militares presos desde 1999, dejando espacio para interpretaciones selectivas.
- Lo que debería ser una implementación clara se ha convertido en una maraña jurídica con liberaciones efectuadas más por decisiones políticas que por aplicación uniforme de la ley.
- Medidas cautelares persisten, incluso cuando la norma establece extinción de la acción penal; esto evidencia la interferencia política disfrazada de justicia.
Qué riesgos implica esta situación
La confusión y la lentitud en las liberaciones alimentan la incertidumbre jurídica y reflejan hasta qué punto los poderes no se reinstitucionalizan. Esto no es solo un problema humanitario: tiene un impacto directo en la seguridad y la estabilidad institucional.
Además, la narrativa política de «arrepentimiento» impuesta por funcionarios para conceder libertades no tiene base legal, pero se usa para condicionar derechos. Este es un claro ejemplo de cómo se mezcla política con justicia, lo que profundiza la desconfianza ciudadana y la polarización.
¿Y ahora qué?
El paso dado con la ley es apenas el inicio. En los próximos días veremos si hay voluntad para eliminar formalismos y acelerar liberaciones. La sociedad exige menos dilaciones y más acción real.
La verdadera prueba estará en cómo se aplicará la ley a casos complejos como policías y militares, y en el tratamiento a exiliados sin proceso penal que quedan fuera de esta norma.
Si no se corrige la implementación, la ley podrá quedar como otro instrumento vacío, mientras que la crisis institucional y social se profundiza.
Este es el momento en que no basta con avances simbólicos: la seguridad jurídica, la legalidad y la restauración institucional están en juego.