Más de 11.000 presos políticos bajo medidas sustitutivas podrían quedar en libertad plena
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que la recién aprobada Ley de Amnistía beneficiará a más de 11.000 personas que hasta ahora tenían medidas alternas a la prisión, como régimen de presentación o casa por cárcel.
¿Qué ocurrió?
Rodríguez explicó que, además de los cientos de excarcelaciones inmediatas, la norma plantea la eliminación de esas medidas sustitutivas para que los afectados recuperen libertad total. La ley se aprobó con unanimidad tras un debate que, según el oficialismo, incluyó víctimas, familiares y partidos políticos. Apuesta a un seguimiento permanente por parte de una comisión especial que actúa sin pausas.
Por qué esto cambia el escenario
Lo que no se discute en voz alta es cómo esta medida afectará la estructura del sistema judicial y la seguridad interna. Más de 11.000 casos activos bajo supervisión judicial pasarán a un estatus de libertad plena sin resolver los problemas de fondo: la violación recurrente de leyes y el debilitamiento del control institucional. Además, el rol que asumirá la Cruz Roja como órgano auxiliar del poder público abre una puerta a la politización de una organización que debería ser neutral.
¿Qué viene ahora?
Con la Comisión Especial de Seguimiento en sesión permanente y cientos de excarcelaciones en curso, Venezuela podría enfrentar un cambio masivo en la población penitenciaria sin garantías claras de solución al problema original. Además, se deja la puerta abierta a más indultos y medidas de gracia discrecionales por parte del Ejecutivo, un riesgo claro para la seguridad jurídica y el equilibrio de poderes. El anuncio oficial habla de «reconciliación» y «paz», pero la realidad tiene más aristas sobre las que poco se reflexiona.