Funcionarios del Cicpc detenidos por negarse a distorsionar investigación clave
Un grupo de profesionales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue arrestado tras negarse a alterar informes sobre la operación militar estadounidense que capturó a Nicolás Maduro el 3 de enero.
El 23 de enero, bajo engaños, estos funcionarios fueron presionados para modificar evidencias vinculadas a los hechos en Fuerte Tiuna. Al rechazarse, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) los detuvo y les imputó un absurdo “intento de homicidio” contra el director del Cicpc, Douglas Rico.
Uno de los allegados asegura: «Él es un agente intachable con 26 años de servicio. Solo se negó a firmar documentos falsos y ahora lo acusan falsamente». Desde entonces, varios permanecen en desaparición forzada sin contacto con sus familias ni abogados.
Condiciones inhumanas y tortura
Algunos de los detenidos están recluidos en El Rodeo I, con capuchas todo el día y signos claros de tortura física. Testigos confirman que llegan en estado deplorable y con evidentes lesiones.
Se estima que al menos 30 funcionarios están en situaciones similares, aislados y sin garantía de un debido proceso.
El trasfondo: una operación militar de EE.UU. que cambia el tablero
La llamada “Operación Determinación Absoluta” sorprendió al país la madrugada del 3 de enero, con ataques en Caracas, La Guaira y otros estados, que culminaron con la captura de Maduro y su esposa, trasladados a Nueva York.
El fiscal Tarek William Saab confirmó que entre 100 y 120 personas, civiles y militares, murieron durante el ataque, que usó desde bombarderos hasta armas químicas en zonas residenciales.
¿Qué significa esto para Venezuela?
- La presión sobre el Cicpc revela un intento del régimen de controlar la verdad y manipular la justicia.
- Las detenciones arbitrarias y torturas evidencian un grave deterioro institucional y violaciones sistemáticas de derechos humanos.
- La falta de transparencia sobre la operación estadounidense y su impacto real sigue siendo un riesgo para la seguridad y estabilidad del país.
Esto no es solo una crisis legal. Es una demostración clara de cómo ciertos sectores intentan silenciar a quienes se mantienen firmes en la defensa del trabajo profesional y la verdad. La pregunta es: ¿hasta dónde llegarán para controlar la narrativa oficial? La respuesta definirá el futuro de las instituciones venezolanas.