La amnistía no es solo perdón, es cambio legal radical
Venezuela no avanzará soltando presos si mantiene intacto el andamiaje jurídico que sostiene la persecución política. La verdadera transición democrática empieza con la derogación de las leyes que institucionalizaron el miedo y la censura.
Lo que ocurrió: un sistema legal construido para controlar al ciudadano
Durante más de 25 años, el chavismo y su sucesión madurista impusieron un entramado normativo paralelo a la Constitución que convirtió la represión en procedimiento legal. Se sustituyó la supremacía constitucional por decretos que garantizan impunidad al poder y censura al ciudadano.
Leyes como la Ley Constitucional contra el Odio (2017) y la Ley Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista (2024) extreman sanciones políticas y vulneran derechos básicos como la libertad de expresión y la presunción de inocencia. A esto se suman normas que asfixian a la sociedad civil, militarizan la vida civil y convierten la propiedad y la libre empresa en concesiones temporales del Estado, distorsionando principios económicos fundamentales.
Este escenario legal imposibilita una amnistía real
Derogar estas leyes no es una simple tarea jurídica. Es la única condición para devolverle al país un sistema donde la ley proteja al ciudadano y no al abuso del poder. Liberar presos sin eliminar las normas represivas será sólo un gesto simbólico, un fraude a la democracia.
¿Qué viene después?
La próxima Asamblea Nacional deberá priorizar esta depuración normativa como base para reconstruir una república transparente, justa y libre. Sólo con una reforma profunda que devuelva jerarquía a la Constitución se podrá garantizar que ningún poder use la ley para proteger sus abusos.
La amnistía debe ser el inicio de un cambio estructural, no un pacto de silencio. Derogar lo que oprime y restituir lo que dignifica será la única forma de reconciliar y asegurar que la historia no se repita.