¿Quién manda en la paz? Movimientos de inquilinos y campesinos toman la agenda oficial
¿Quién realmente define la «paz» en el país?
El Programa por la Paz y Convivencia Democrática acaba de abrirse oficialmente a las demandas de movimientos de inquilinos, campesinos y trabajadores. Una decisión que cambia el escenario político y social, y que pocos analizan en profundidad.
¿Qué pasó exactamente?
En una reunión coordinada por Ernesto Villegas y Ana María San Juan —ambos nombrados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez— representantes de diversos estados presentaron sus propuestas en el Celarg. Este encuentro es parte de la llamada agenda de 100 días, supuestamente para «consolidar estabilidad y armonía» en el país.
Por qué esto altera la realidad estatal
Que estos movimientos formen parte central del diálogo oficial no es casual. Son grupos impulsados por una agenda política que divide mucho más de lo que une. Su incorporación al proceso oficial supone dar voz y fuerza a intereses que podrían afectar la seguridad jurídica, económica y social. Esto se da además cuando la Ley de Amnistía está en revisión urgente para incluir casos no contemplados, una situación que puede erosionar aún más las instituciones.
¿Qué viene después?
Si estos sectores continúan condicionando la agenda, el país podría enfrentar tensiones más profundas. La falta de límites claros en la negociación y la presión para ajustar la legislación apuntan a una dilución del Estado de derecho y un aumento de la inestabilidad social. La «paz» que se busca podría convertirse en un terreno fértil para más conflictos si se ignoran las consecuencias reales en seguridad y economía.