Control total y consulta popular: la nueva jugada del oficialismo en Venezuela
La séptima consulta: más que un ejercicio democrático, un mecanismo de control
El próximo 8 de marzo, Venezuela enfrentará una consulta popular que, más allá de la apariencia participativa, busca consolidar un sistema de control centralizado bajo el pretexto del «seguimiento científico» de Agendas Concretas de Acción (ACA).
¿Qué ocurrió?
Ricardo Menéndez, vicepresidente sectorial de Planificación, hizo un llamado para que todas las Comunas y Circuitos Comunales actualicen sus ACA en una plataforma oficial, estableciendo indicadores y metas de cumplimiento que rozan el 100%. Al mismo tiempo, anunció que esta consulta se apoyará en recursos petroleros dirigidos por el Ejecutivo, para financiar y consolidar un nuevo sistema electoral y un esquema de «democratización» que en realidad concentra decisiones en estructuras oficiales.
Por qué esto cambia el escenario
- La «actualización científica» y «formación masiva» no son neutrales: refuerzan un sistema hegemónico de toma de decisiones, bajo el control del Gobierno central y su aparato comunal.
- El uso de recursos petroleros para financiar estos procesos crea un modelo que vincula la participación popular a la dependencia directa del Ejecutivo.
- La convocatoria a fortalecer «la unidad» frente a la invasión estadounidense y la defensa política mediante asambleas comunales son discursos que buscan justificar el endurecimiento del control y la limitación del disenso.
- El sistema electoral que se pretende impulsar con esta consulta no amplía realmente la participación ciudadana, sino que fortalece espacios selectivos de decisión bajo la influencia oficialista.
Qué podría venir después
Este escenario anticipa un avance en la institucionalización de un sistema de gobierno comunal que, bajo la apariencia de democracia directa y participación popular, concentra poder y recursos en manos del oficialismo. La sociedad venezolana está ante una nueva fase donde la política se subordina a modelos de control social respaldados por plataformas digitales y un marco legal que difícilmente permitirá pluralidad o autonomía real.
¿Estamos frente a la consolidación de una consulta que legitima un proyecto político cerrado y controlado desde arriba? Lo que se está moviendo podría redefinir la relación entre Estado y ciudadanos para años venideros, con impactos profundos en la economía, la legalidad y la fragilidad institucional.