¿Perdón selectivo o doble estándar político?
La ley de amnistía que discute el régimen excluye a militares procesados por hechos sin muertes ni daños graves. Pero en 1992, el Estado perdonó a quienes lideraron golpes violentos con decenas de muertos. ¿Qué está pasando?
Una desproporción penal evidente
El Grupo Asesor Militar alerta que es absurdo mantener presos a militares por acciones sin víctimas letales, mientras que el Estado aplicó el perdón tras alzamientos armados de febrero y noviembre de 1992 que dejaron más de 200 muertos y centenares de heridos. Esa amnistía histórica fue usada para estabilizar el país y reincorporar a los militares al sistema.
La ley actual rompe una tradición legal y política
Esta nueva ley no solo se aparta de ese precedente, sino que además excluye casos sin consecuencias graves, generando un conflicto jurídico y político que desarma a la FANB. El análisis señala que esta exclusión no tiene justificación legal ni lógica política si el objetivo real es la reconciliación.
Implicaciones para la Fuerza Armada y la estabilidad nacional
- La ley mantiene presos a oficiales clave vinculados a procesos por conspiración.
- No aborda la raíz del problema militar ni ofrece soluciones reales.
- Genera una brecha dentro de la FANB al beneficiar protestas civiles pero no actos militares.
- Causa malestar y sensación de persecución entre oficiales, debilitando la cohesión institucional.
Este escenario abre una incógnita clara: ¿Está el régimen dispuesto a sacrificar la unidad militar y la estabilidad institucional por una amnistía fragmentada y con dobles estándares?
La respuesta puede definir el rumbo político y de seguridad en Venezuela en el corto plazo.