La trampa de la ley de amnistía
La libertad plena de todos los presos políticos en Venezuela no está condicionada a la aprobación de una ley de amnistía. Lo que realmente exige el Estado es cumplir la Constitución y los tratados internacionales que ya ha suscrito y ratificado, afirma la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
¿Qué está pasando?
La ley de amnistía para la convivencia democrática, aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional, fue analizada críticamente por OMCT y Cofavic. En lugar de ser un instrumento para liberar a los presos políticos, el proyecto debe centrarse en las víctimas e incluir garantías reales: reparaciones integrales, no repetición y preservación de evidencias.
¿Por qué esto cambia el escenario?
Porque permite desmontar el falso debate sobre la necesidad de una nueva ley. Libertad plena e inmediata significa también el sobreseimiento de todas las causas penales y el cese de medidas que vulneran derechos constitucionales. Esto, sin depender de procesos legislativos largos ni de agendas políticas que dilaten la justicia.
Las seis exigencias clave de OMCT y Cofavic
- Convocar mesas de trabajo con organizaciones civiles y familiares para discutir la ley con transparencia y participación real.
- Derogar leyes usadas para perseguir a defensores de derechos humanos: Ley de Fiscalización, Ley contra el Odio, Ley Libertador Simón Bolívar y revisar tipos penales de terrorismo y asociación para delinquir usados arbitrariamente.
- Crear un mecanismo independiente, con apoyo internacional, para supervisar la aplicación real de la ley.
- Garantizar el derecho de las víctimas al acceso a la justicia, investigación y reparación integral.
- Establecer un mecanismo estatal con presupuesto para evaluar reparaciones y proteger la memoria histórica y las garantías de no repetición.
- Sobreseer todas las causas penales contra detenidos arbitrariamente y restituir derechos sin borrar evidencias ni memoria histórica.
¿Qué viene después?
No se puede seguir demorando la liberación plena bajo la excusa de leyes incompletas o procesos legislativos dilatorios. El reto inmediato es aplicar lo que ya está en la Constitución y proteger a las víctimas. De lo contrario, la persecución política seguirá vigente, y el país profundizará su crisis política y social sin acceso a justicia ni reparación real.