Ocho familiares de presos políticos al borde del colapso en Zona 7
La realidad en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, conocida como Zona 7, se ha agravado. Después de más de 96 horas en huelga de hambre, ocho familiares presentan descompensaciones graves. Esta crisis no es un hecho aislado; es la consecuencia directa de una política estatal que ignora el desgaste físico y emocional de quienes exigen justicia.
Salud en deterioro y desgaste extremo tras 40 días en la intemperie
Familiares de presos políticos, con más de 40 días acampando sin condiciones básicas, enfrentan ahora las secuelas más graves. Dolores abdominales, mareos, náuseas y debilidad extrema afectan a mujeres como Mileidy Mendoza, Narwin Gil, Yaxzodara Lozada, Mariana Escalona y Sachareth Torres. A estas se suma Evelin Quiaro, madre de Joel Bravo, retirada de la huelga por riesgo inminente.
Promesas oficiales incumplidas agravan la crisis
El reclamo es claro: liberación inmediata de todos los presos políticos. Sin embargo, tras las promesas hechas desde el 8 de enero por la Asamblea Nacional, ninguna acción concreta ha llegado. La falta de respuesta del Estado no solo mantiene a estas familias en emergencia, sino que les pone directamente en riesgo físico y legal.
¿Qué se juega Venezuela si esta situación continúa?
El desgaste de estas familias es un tema de legalidad y responsabilidad institucional, no solo de gestión social. Ignorar esta crisis crea un precedente peligroso. Si el Estado persiste en su inacción, la tensión social y el cuestionamiento a la autoridad aumentarán, generando un escenario más polarizado y desestabilizado.