La verdad oculta tras la amnistía en Venezuela: ¿impunidad legalizada?
¿Qué esconden realmente con la amnistía?
Desde que el régimen empezó a hablar de amnistía, la sospecha crece. No es casualidad que quienes la impulsan quieran borrar responsabilidades y cubrir ilegalidades.
La Constitución es clara: los funcionarios públicos deben responder individualmente por abusos y violaciones. La ley establece indemnizaciones para víctimas de desapariciones, torturas y exilios. Eso es justicia, no un cheque en blanco.
Pero la amnistía que quieren imponer protege a quienes quebrantaron esos principios. Exigen a sus beneficiarios abdicar incluso de su dignidad, intercambiando justicia por impunidad y chantajes velados.
El patrón de protección a corruptos y criminales
Esta maniobra recuerda a advertencias como las del sociólogo Alberto Mayol, que asocia el poder corrupto con estructuras paralelas que se respaldan para mantenerse. En Venezuela, el «Índice de Percepción de la Corrupción 2025» de Transparencia Internacional confirma cómo el Estado es capturado por redes criminales.
- Corrupción sistemática.
- Colusión con narcotráfico y minería ilegal.
- Persecución política institucionalizada.
Además, leyes como la «Ley contra el Odio» criminalizan la disidencia sin garantías, construyendo un nuevo «derecho penal del enemigo» que exime a los poderosos y silencia al resto.
¿Dónde queda la justicia? ¿Qué implica esta amnistía?
La denominada Ley de Amnistía es una oferta para que los responsables del desastre legal y político sigan impunes. No sólo no se derogan leyes abusivas, sino que se blindan las infracciones de jueces y fiscales corruptos.
Artículo 16: Extiende la amnistía a infracciones disciplinarias cometidas por funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Esto es una invitación abierta a la impunidad.
¿El futuro?
Si se aprueba esta amnistía, abre la puerta a consolidar un régimen donde la ilegalidad se cubre con leyes hechas a medida. La corrupción seguirá creciendo, las víctimas seguirán sin reparación y la justicia será solo letra muerta.
¿Quién responderá cuando la ley legitime la ausencia de justicia?