Negar atención médica a presos políticos en Zona 7 es cruzar una línea
Este lunes 16 de febrero, la tensión escaló en las afueras del centro de reclusión Zona 7. Familiares de presos políticos alertaron que las autoridades policiales bloquean el acceso del personal médico independiente.
¿Qué pasó?
Los detenidos llevan tres días sin comer. En lugar de asistencia, reciben burocracia y negativas. El Dr. Rafael Arriaza, médico solicitado para evaluar a los presos, no ha podido ingresar por falta de “autorización judicial”.
¿Por qué importa?
Esta postura oficial equivale a una sentencia de muerte lenta. Uno de los huelguistas está en condiciones críticas y aún no llega una ambulancia. El derecho a la vida es violado bajo pretextos legales usados para bloquear la ética médica.
¿Qué sigue?
- El ayuno voluntario iniciado el viernes empeora el estado de salud.
- Familiares en protesta mantienen huelga de hambre desde el sábado, intensificando la crisis humanitaria.
- El Comité por la Libertad de los Presos Políticos responsabiliza directamente al régimen por cualquier desenlace fatal.
Este es un escenario donde la política sacrifica la salud y legalidad básica. ¿Hasta cuándo seguirá esta complicidad con la desprotección y la negación de derechos fundamentales?