EE.UU. invirtió $40 millones en deportaciones a terceros países
En el último año, el gobierno estadounidense ordenó la deportación de 300 inmigrantes hacia países que no son sus países de origen, según un informe del comité de Relaciones Exteriores del Senado.
Esta operación no es un hecho aislado ni excepcional. Bajo la administración Trump, se sistematizó el uso de terceros países para deportar migrantes, con un costo confirmado que supera los 40 millones de dólares, pagados directamente a gobiernos como Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Eswatini y Palau.
¿Por qué esto cambia el escenario migratorio y diplomático?
Este gasto millonario implica un uso cuestionable de recursos públicos, que además financian gobiernos con poco control y dudosa colaboración. Más grave aún, el informe revela que en más del 80% de los casos, los inmigrantes deportados a terceros países terminaron regresando a sus países de origen, lo que implica un derroche y una confusión legal evidente.
Peor aún, Estados Unidos pagó en algunos casos para enviar a migrantes a terceros países y luego nuevamente a sus países de origen. Esto no solo evidencia la ineficiencia de la política, sino también una posible erosión en la credibilidad y el respeto al sistema migratorio estadounidense.
¿Qué puede venir después?
El informe advierte que la suspensión de beneficios migratorios como el TPS o permisos humanitarios podría ampliar estas deportaciones a terceros países. Esto no es una simple operación logística: es parte de un cambio en la política migratoria que podría aumentar el gasto público, complicar las relaciones diplomáticas y socavar derechos legales.
La falta de transparencia y supervisión en estos acuerdos con terceros países deja en evidencia un problema profundo de responsabilidad y legalidad que las autoridades aún deben resolver.