La cifra que nadie quiere enfrentar: 635 presos políticos en Venezuela
El Instituto Casla acaba de revelar una realidad silenciada: 635 presos políticos están detenidos en Venezuela, mientras otros 748 fueron excarcelados bajo una ley de amnistía que no resuelve nada.
¿Por qué importa esto?
Porque esa ley, diseñada como un alivio, se ha convertido en un filtro arbitrario que mantiene en prisión a quienes cuestionan al régimen, especialmente a militares que suman casi el 80% de la población carcelaria política.
La directora de Casla, Tamara Sujú, lo explica sin rodeos: el instrumento legal se aplica de manera selectiva por los mismos órganos responsables de la persecución. Es decir, lejos de buscar justicia, perpetúa un control político.
¿Qué se oculta detrás de la ley?
- Exclusión explícita de militares y acusados de delitos vinculados a la seguridad nacional.
- Inexistencia de investigaciones serias sobre crímenes cometidos por estructuras estatales, incluyendo posibles crímenes de lesa humanidad.
- Riesgo de que casos de tortura y violaciones graves sean archivados sin respuesta.
- El órgano que dictó la amnistía carece de legitimidad, lo que compromete gravemente la protección de derechos fundamentales.
¿Qué sigue para Venezuela?
La situación actual augura continuidad en la represión sistemática y el silencio sobre delitos estatales. A menos que haya una presión real para dejar de administrar la persecución y se implemente una liberación incondicional de todos los presos políticos, con énfasis en militares y familiares presos, el escenario seguirá bloqueando cualquier esperanza de un Estado de Derecho verdadero.
El llamado urgente es claro: aplicar indultos efectivos y sobreseer procesos arbitrarios para abrir paso a una recuperación democrática que hoy parece cada vez más lejana.
Esta es la parte de Venezuela que no verás en los discursos oficiales. ¿Hasta cuándo seguiremos admitiendo un falso ‘proceso de amnistía’ que solo encubre la represión?