23 Años De Injusticia: El Gobierno Retrasa La Libertad De Policías Inocentes
¿Por qué siguen presos los policías metropolitanos inocentes?
Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina llevan casi 23 años tras las rejas, a pesar de haber cumplido más del 75% de su condena y contar con medidas legales para salir. Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, altas autoridades del gobierno, saben que son inocentes y que ya deberían estar libres. Sin embargo, la orden que los tribunales esperan para liberarlos no llega.
Un caso que revela la arbitrariedad del poder político
María Isabel Bolívar, tía de Erasmo, denuncia que el gobierno mantiene un ensañamiento contra estos policías que no han recibido otra respuesta que el silencio oficial y la negativa a aplicar la ley. La insistencia en retenerlos viola la legalidad y genera un daño social enorme: Erasmo no conoce a sus nietos, ha perdido su juventud tras las rejas y sus familiares enfrentan la distancia y la desesperanza, agravada por su reciente traslado a una prisión lejos de su hogar.
¿Qué está protegiendo el régimen con esta demora?
Este caso no es un hecho aislado. Representa cómo la agenda política actual utiliza el sistema judicial para castigar sin justicia comprobada y mantener presos a funcionarios inocentes. La promesa oficial de liberar a los presos políticos sigue sin cumplirse mientras la población sufre las consecuencias.
Movilización y resistencia social que no quieren mostrar
En La Guaira se ha formado una Comisión Pro Derechos Humanos por Erasmo Bolívar, con una serie de actividades públicas y digitales para exigir su liberación y la de otros presos políticos. Este activismo, impulsado por sectores que no aceptan la injusticia, busca romper el muro del silencio que rodea a estos casos.
¿Hasta cuándo la legalidad será rehén de intereses políticos?
Este escenario advierte que seguir ignorando la ley y la defensa de derechos trae consecuencias profundas para la legitimidad de las instituciones. La liberación de Erasmo y sus compañeros es más que un caso: es una prueba de la voluntad real del gobierno para respetar la legalidad y la justicia. Mientras la orden no se firme, el costo lo pagan las familias y la confianza en las instituciones.