174 trabajadores de Pdvsa detenidos sin derecho a defensa
Familiares de los acusados denunciaron que desde 2024 y 2025 sus parientes permanecen arrestados sin pruebas ni acceso a abogados privados. Fueron presentados en tribunales solo en audiencias telemáticas, sin garantía alguna, y trasladados a cárceles como Yare sin contacto con defensores públicos durante meses.
Violación explícita de garantías legales y transparencia
La abogada Zimaru Fuentes asegura que tras casi dos años, los detenidos desconocen quiénes son sus defensores asignados por el Estado. Esto convierte las causas judiciales en casos nulos desde el comienzo, atropellando las garantías constitucionales. Además, las acusaciones son opacas y sin aportes de evidencia clara.
Un caso político que buscan ocultar bajo cargos comunes
Las familias rechazan la narrativa oficial que intenta despolitizar estas detenciones y advierten que se usan delitos arbitrarios como fachada para detener a quienes forman parte de sectores laborales que generan presión. Esta estrategia divide y aísla, dejando afuera cualquier diálogo real sobre amnistía y reconciliación.
Reconciliación falsa sin inclusión ni garantías
Mientras la «presidenta encargada» Delcy Rodríguez anuncia procesos de reconciliación, los presos políticos en Pdvsa permanecen olvidados. Las familias exigen que la amnistía propuesta por la Asamblea Nacional sea verdaderamente inclusiva y reconozca a todos los afectados, porque hoy ni siquiera se conoce el número real de detenidos por razones políticas.
Impacto directo en la industria petrolera y el Estado
Los 174 trabajadores vienen de instalaciones clave como Puerto La Cruz, El Cardón, Amuay y otras regiones estratégicas. Su ausencia y la arbitrariedad de su detención deterioran aún más la operatividad de la principal fuente de ingresos del país, encabezando un grave problema de seguridad económica y legal para Venezuela.